Águeda Barojas Ontiveros
Como queriendo justificar la existencia de la dependencia donde cobra, el contralor general Guillermo Noriega Esparza por fin se decidió a castigar a los funcionarios malandros del gobierno sonorense. O eso dice.
Pero la Contraloría de Sonora sólo apunta hacia minúsculos charales mientras evade aplicar la ley a peces más gordos, como lo serían destacados personajes del sexenio encabezado por Claudia Pavlovich y que hoy gozan de feliz impunidad.
Pero en el caso de Ignacio “N”, se trata de un funcionario –que no es funcionario, porque no cobra como tal –a quien se pretende castigar con todo el peso del Poder Judicial por un cohecho propio de entramado rural.
Un Poder Judicial, que junto a la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción forman una triada ciega, manca y sordomuda como para proteger también a ex alcaldes y alcaldesas emanadas del PRI, PAN, MORENA y del Partido del Trabajo.
Ignacio “N” es acusado por Francisco Ramón “N”, empleado de la Comisión Estatal del Agua (CEA) en Guaymas, de haberle esquilmado 5 mil pesos a cambió de un “trámite” incumplido para la corrección de un acta de nacimiento y otra de defunción de su papá.
El ahora imputado ante el Poder Judicial, en un caso armado con asombrosa diligencia, es señalado de la mencionada transa en su calidad de Comisionado del Registro Civil en Ortiz, comisaría del municipio de Guaymas.
La juez local emitió orden de aprehensión contra Ignacio, misma que fue ejecutada en sólo veinte días, el 27 de octubre pasado, previa movilización de decenas de elementos armados de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) que desde Hermosillo llegaron a Guaymas para buscar al “peligroso” inculpado y lo recluyeron en un penal, hasta que su abogado logró la medida cautelar para que pasara el proceso en libertad.
Al margen de la inocencia o culpabilidad del “comisionado” del Registro Civil, quien laboró 19 años para el Gobierno del Estado llama la atención su condición de funcionario público en el limbo, pues no estaba en la nómina pese a haber recibido tal nombramiento de la Directora Estatal del Registro Civil, Marian Martínez Rodríguez.
En la desacreditada apuesta contra la corrupción anunciada por el contralor Guillermo Noriega y su nueva Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado, en abril del año pasado, sigue perdiendo credibilidad, eficacia y la confianza de los sonorenses.
Sara Valle Dessens de Guaymas, Manuel “Maloro” Acosta de Hermosillo, Francisco “Pantico” Genesta de Empalme, Rosario Quintero Borbón de Navojoa y decenas de ex munícipes y funcionarios más siguen cobijados por el manto de la impunidad, más los que se acumulen de los actuales trienios.
